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El “caso MUFACE”, motivo de debate actual a nivel nacional, deja al desnudo algunas vergüenzas de la compleja política sanitaria. La salud ciudadana se mueve en el laberinto burocrático que deben recorrer pacientes y demás usuarios. Las empresas, instituciones y políticos del más variado “pelaje”, dificultan las salidas de esta tortuosa ruta sin explicaciones convincentes, como señalaba el genial Ozores. “Los políticos hablan mal, muy mal, y no se les entiende; se lo voy a explicar yo y ya verán cómo no se enteran”. Pues vamos allá.
Los mutualistas. Se definen como asociados que se unen voluntariamente para tener acceso a ciertos servicios, en general seguros o coberturas. Pero los funcionarios son mutualistas obligados, salvo en la prestación sanitaria en la que existe una cierta libertad de elección. Reúnen características como: percepción de privilegiados, derechos adquiridos, segmento de más edad, incremento de jubilados, mayor nivel cultural y alta demanda sanitaria. Siguen el principio: “Entre dinero y salud, lo segundo es lo primero”.
Las entidades aseguradoras. Son empresas privadas y, como tales, siguen el principio: “Entre dinero y salud, lo primero es lo primero”. Nadie debe escandalizarse porque resultaría sospechoso trabajar a pérdidas ¿o no? En algunos sectores se multa esta práctica y algunas aseguradoras han registrado pérdidas en algunos ejercicios con determinadas Mutuas. Adeslas, Asisa, Quirón, Sanitas, Mapfre y pocas más han estado o están en el ojo del huracán.
La Administración. “Entre dinero y salud, …es fundamental no molestar”. Todo enfermo en territorio nacional tendrá cobertura sanitaria según el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS). El SNS depende del Ministerio de Sanidad, que solo es coordinador de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, salvo Ceuta y Melilla. A pesar de carecer de competencias, este Ministerio ha llegado al campo de batalla abriendo nuevos conflictos. ¡Muy propio!
En España hay tres mutualidades principales que dan cobertura sanitaria a empleados públicos. Son: la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado- MUFACE-, la Mutualidad General Judicial-MUGEJU- y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas-ISFAS-. Están adscritas al Ministerio de la Función Pública, a Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y al Ministerio de Defensa respectivamente.
El caso MUFACE. ”es un Organismo Público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propias y autonomía de gestión… La afiliación es obligatoria para funcionarios del estado…y están sometidos a cotizaciones obligatorias. Tienen derecho a la asistencia sanitaria, concertada con varias compañías privadas, además de otras prestaciones …” (R.D. 375/2003). Es la más conflictiva, emblemática, mediática e importante por el número de afiliados.
El Consejo de Ministros (8/10/2024) autorizó a MUFACE a realizar una oferta económica, para prorrogar la asistencia sanitaria, a las entidades aseguradoras privadas. Ninguna aceptó. El Ministerio de Función Pública propuso mejorar la oferta o prorrogar el concierto durante el periodo legal permitido. En caso contrario se abordaría el tránsito de las prestaciones sanitarias de los mutualistas al SNS. ¡Así, todos amenazados!
Los mutualistas ¿han sido consultados por la Administración? ¿O solo son sujetos pasivos para cotizar, pagar impuestos y sufrir demoras y desinformación? ¿Hay reacción sindical adecuada a la preocupación de trabajadores, jubilados y enfermos? ¿Tienen garantizado los mutualistas el derecho a optar por la entidad sanitaria que deseen o se les puede pasar en masa de un redil a otro? ¿Cómo explican y solucionan los políticos la percepción de desigualdad y privilegios entre las mutualidades y de los ciudadanos con los mutualistas? ¿Sabe la Administración que, ante la incertidumbre, los afectados se interesan por suscribir pólizas privadas?
Las entidades aseguradoras ¿han tenido en cuenta en las presuntas negociaciones, que también la salud estaba sobre la mesa? ¿Cumplen estrictamente con los derechos de los mutualistas durante la prórroga y el final de sus contratos? ¿Se pueden descartar movimientos especuladores para hacer negocios con las pólizas privadas?
La Administración ¿impulsará un nuevo Ministerio para garantizar el caos laberíntico de dependencias entre numerosas instituciones? ¿Desconoce el Gobierno los costes y cuentas de las aseguradoras o es que pretende “nacionalizarlas”? Si el SNS tiene transferidas las competencias sanitarias a las Autonomías ¿a qué esperan éstas para plantarse ante lo que se nos viene encima? ¿Quién ha dado a la Ministra de Sanidad vela en este entierro?
¿Ha recibido nuestra Ministra la orden de tapar problemas políticos con el asunto MUFACE y otros? Sigue con sus extravagancias y, aprovechando que “el Ebro pasa por Albacete”, revindica por enésima vez la Sanidad Pública frente a la Privada. Amenaza con la exclusividad obligatoria para Jefes de Servicio y nuevos especialistas MIR, como preparación al parto del Estatuto Marco de personal sanitario. ¡Ya tenemos follones para una temporada! Paradójicamente el Ministerio de Sanidad, frente a los facultativos sanitarios, actúa como “cuerpo dificultativo”.
Directa o indirectamente, a todos los españoles nos atañe el conflicto de MUFACE. El debate mediático ha calado entre los ciudadanos y los responsables deben ofrecer una información clarificadora y acabar con las suspicacias y la incertidumbre generada. También conviene reparar el deterioro de la necesaria confianza médico-enfermo, producido habitualmente como en casos similares.
Médico, fue profesor de varias universidades españolas donde investigó sobre antimicrobianos y poblaciones bacterianas, colaborando en numerosos artículos y libros. En Esfera Salud, sus artículos sobre historia y actualidad de la Medicina están dirigidos a los lectores interesados en temas de Salud.
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